El certificado ambiental, un bien escaso
En la Provincia de Córdoba sólo uno de cada cuatro establecimientos que manipulan residuos peligrosos –industrias, laboratorios, hospitales y clínicas– cuenta con la certificación legal que aprueba su sistema de tratamiento.
El marco regulatorio vigente –ley nacional 24.051, ley provincial 8.973 y decreto 2.149– obliga a estos establecimientos a inscribirse en dos registros: uno de transportistas y otro de generadores y operadores.
Pese a que los registros fueron abiertos en el 2004, y el decreto otorga un plazo máximo de 180 días, sólo el 24 por ciento cuenta con el certificado ambiental. La importancia de este documento es que "acredita la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento y disposición final que se aplicará a los residuos peligrosos generados", según el decreto sobre residuos peligrosos.
Generadores y operadores
Según la normativa, los establecimientos que en sus actividades generen u operen residuos peligrosos deben inscribirse en el registro provincial de operadores y generadores de residuos peligrosos.
Los inscriptos en este registro son 1.469 y sólo 377 cuentan con la certificación expedida por Ambiente.
Es importante aclarar que si una firma cuenta con varias unidades productivas, el certificado es el mismo, pero cada una de las plantas debe contar con él.
Transportistas
Las empresas que realizan el transporte de residuos peligrosos se inscriben en un registro diferente. Los que figuran en el registro son 35 pero sólo 26 tienen el certificado ambiental.
Residuos sueltos
(Por Raúl Montenegro - Biólogo. Presidente de Funam. Premio Nobel Alternativo y Profesor Titular de la UNC.)
La ley nacional de residuos peligrosos 24.051 fue un notable avance, pues abordó un problema que durante años fue tan letal como oculto. En Argentina miles de personas enferman y mueren silenciosa y anónimamente por cócteles de residuos mal controlados. De las fuentes salen los agentes contaminantes. Estos siguen rutas por aire, agua, suelo y alimentos, y llegan hasta las personas expuestas.
Entre uno y otro extremo debería estar el Estado controlando. Pero todo indica que las fuentes tienen piedra libre para operar. Las sustancias peligrosas están sueltas. El Estado debió organizar un catastro de fuentes de residuos peligrosos. Los malos funcionarios son tan peligrosos como los residuos que no controlan y están sueltos.
FUENTE: http://archivo.lavoz.com.ar/07/07/26/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=94112
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